En medio de un intenso debate nacional, la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” en el sector público vuelve a prender la polémica, al ser considerada una medida urgente de justicia social y equilibrio económico.
De acuerdo a lo establecido por el diputado federal José Braña Mojica el planteamiento es poner un freno a los excesos que durante años han permitido que unos cuantos exfuncionarios reciban pensiones millonarias, muy por encima del promedio que percibe la mayoría de los mexicanos.
“Se trata de establecer límites justos para evitar abusos y garantizar un trato equitativo”, expreso.
Actualmente, el tema ha cobrado fuerza luego de que en el Congreso se diera el primer paso para limitar estas pensiones, estableciendo que no puedan superar cierto porcentaje del salario presidencial, lo que implicaría un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
El legislador federal señalo que la medida forma parte de una política más amplia de austeridad, con la que se pretende acabar con privilegios heredados de administraciones pasadas y redirigir recursos hacia programas sociales en beneficio de la población.
Pese a ello, la postura de quienes impulsan la iniciativa es firme: no puede haber un país justo mientras existan pensiones millonarias financiadas con recursos públicos, en contraste con las bajas jubilaciones de la mayoría de los trabajadores.