En un intento por cerrar la puerta a quienes evaden sus responsabilidades, el Congreso de Tamaulipas analiza una iniciativa que busca endurecer el cumplimiento de las pensiones alimenticias, con vigilancia directa y sanciones más severas.
Se propone modificaciones al Código Penal de Tamaulipas que garanticen que las sentencias no queden solo en el papel. La diputada Eva Araceli Reyes González, parte de un diagnóstico claro: el problema no es la falta de leyes, sino la falta de cumplimiento.
“Existe una brecha entre la sentencia condenatoria y su ejecución real”, advierte.
Para cerrar ese vacío, se plantea la incorporación de tres nuevos artículos que obliguen a establecer mecanismos de seguimiento puntual tras una sentencia. Entre las medidas destaca que los jueces deberán fijar planes de pago verificables, con montos, fechas y condiciones específicas, con el fin de que la reparación del daño deje de ser simbólica y se convierta en una obligación exigible.
Además, la iniciativa contempla mayores controles para quienes accedan a beneficios como la libertad condicional. Estos deberán reportar cambios de domicilio, empleo o ingresos, así como presentarse periódicamente ante la autoridad. Incluso, en casos específicos, podrían imponerse restricciones de movilidad para asegurar el cumplimiento.
El proyecto también establece sanciones progresivas para quienes incumplan, que van desde ajustes en los esquemas de pago hasta la revocación de beneficios legales e incluso la ejecución de la pena.
La legisladora advierte que cuando una resolución judicial no se cumple, se debilita la confianza en el sistema de justicia. Pero el impacto va más allá: el incumplimiento de pensiones afecta directamente derechos fundamentales, especialmente de niñas, niños y adolescentes, comprometiendo su bienestar, educación y desarrollo.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis, donde se evaluará su viabilidad y posibles ajustes antes de ser sometida a votación en el Pleno.