La empresa dedicada al suministro de medicamentos, material de curación y equipo de laboratorio Maniflosa S.A. de C. V. recuperó su capacidad para participar en contratos públicos, luego de que un tribunal federal con sede en Tamaulipas anuló la sanción administrativa que le había sido impuesta por el Gobierno Federal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal informó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, sobre el cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Regional Tamaulipas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La resolución favorece a la empresa Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento Maniflosa, S.A. de C.V., al declarar la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa dictada el 6 de junio de 2025 dentro del procedimiento PISI-A-NC-DS-0062/2023.
Se trata de la empresa Maniflosa, S.A. de C.V. quien recibió contratos por adjudicación directa durante la administración municipal de Xicoténcatl González Uresti en Ciudad Victoria, lo que generó señalamientos de conflicto de interés y nepotismo.
Esa que durante el gobierno de Xicoténcatl González Uresti otorgó contratos sin licitación a Maniflosa, S.A. de C.V. para el abasto de medicamentos. La empresa presuntamente estaba vinculada a familiares de funcionarios de esa administración municipal (propiedad de un familiar del entonces tesorero municipal José Alfredo Peña Rodríguez), lo que provocó fuertes críticas de sectores locales.
Con ello, quedan sin efectos las restricciones derivadas de esa resolución, por lo que las instituciones públicas ya no podrán considerar vigente la sanción que impedía o limitaba la participación de la empresa en procedimientos de contratación gubernamental.
La circular fue dirigida a todas las dependencias federales, empresas públicas del Estado, gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de que acaten la resolución judicial y actualicen sus registros.
La decisión fue emitida por la Sala Regional Tamaulipas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resolvió el juicio de nulidad 929/25-18-01-5 promovido por la representación legal de la empresa