Un supervisor escolar de la región de Tula denunció públicamente una serie de presuntas presiones sindicales y administrativas que, según afirmó, se han intensificado desde su llegada al cargo hace aproximadamente año y medio.

Durante una conferencia de prensa, el docente sostuvo que las diferencias surgieron después de reportar supuestas irregularidades relacionadas con personal educativo que, aseguró, no cumplía con sus funciones o presentaba inconsistencias en su adscripción laboral.

El supervisor señaló que, tras realizar diversos reportes ante las autoridades educativas, comenzó a enfrentar acciones encaminadas a lograr su remoción. En ese contexto, mencionó al dirigente de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, así como a integrantes de la estructura sindical y funcionarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Según su versión, las inconformidades se originaron por decisiones administrativas que adoptó al asumir la supervisión escolar, entre ellas la revisión de plantillas y la notificación de posibles anomalías detectadas en algunos centros de trabajo.

El docente afirmó contar con documentación, oficios y actas que respaldan sus señalamientos, los cuales, dijo, han sido entregados previamente a distintas instancias educativas. Asimismo, aseguró que algunas de las irregularidades reportadas continúan sin ser atendidas.

Durante su exposición también hizo referencia al secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, a quien señaló como parte de las autoridades que, a su juicio, han sido informadas de la situación sin que hasta el momento exista una solución definitiva.

Además, denunció que recientemente personas vinculadas a procedimientos jurídicos acudieron a un domicilio relacionado con él, hecho que consideró una acción intimidatoria. El supervisor aseguró que cuenta con videos y otros elementos que, dijo, respaldan sus declaraciones.

El docente informó que ha promovido acciones legales por presunto daño moral y advirtió que cualquier medida administrativa que pudiera derivarse después de sus declaraciones públicas sería interpretada como una represalia.

Finalmente, pidió la intervención de las autoridades estatales para revisar el caso, garantizar la legalidad en los procesos administrativos y permitir que las actividades educativas continúen sin conflictos que, afirmó, terminan afectando a docentes y estudiantes.