Victoria, Tamaulipas.- Patricia Mireya Saldívar Cano, ex directora de Recursos Humanos en la administración Cabeza de Vaca y actual diputada plurinominal del PAN, fue “sorprendida” al enterarse, durante una entrevista, que había sido inhabilitada por la Contraloría Estatal para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la diputada enfrenta una sanción de un año por una contratación irregular durante su gestión, tal como se detalla en el expediente AR-2-AS-3-EI-OIC-SOP/004/2023.
Esta inhabilitación, vigente desde el 19 de septiembre de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2025, fue dictaminada el pasado 14 de agosto.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con su colega panista, Gerardo Peña Flores, también inhabilitado según el expediente AR-2-AS-3-AI-SGG/075/2023, el caso de Saldívar Cano ha despertado sospechas.
Mientras que Peña Flores enfrentó una fuerte presión para evitar que tomara protesta en el Congreso, obligado a tener que llegar con un amparo, Saldívar pasó prácticamente desapercibida ante la Junta de Coordinación Política.
Humberto Prieto, presidente de la Junta de Coordinación Política y diputado de Morena, confirmó que Saldívar logró llegar al Congreso con una suspensión al dictamen emitido por la SFP.
Este hecho ha generado inquietud sobre por qué en su caso no se aplicaron las mismas medidas de rigor que contra Gerardo Peña, quien fue objeto de un escrutinio más intenso.
Ahora queda en tela de duda la imparcialidad de las decisiones tomadas en el Congreso, dejando abierta la duda sobre si existen factores políticos que han influido.