Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET) confirmó que, antes de que estallara el caso de la joven Dafne, no existían denuncias formales presentadas ante el organismo en contra de la academia militarizada involucrada, pese a los señalamientos posteriores sobre presuntos abusos al interior del plantel.
La presidenta de la CODHET, Taide Garza Guerra, señaló que esta situación evidenció la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre este tipo de instituciones, al tiempo que reconoció que el marco normativo vigente ha quedado rezagado.
Precisó que más que hablar de un vacío legal, existe una falta de actualización y armonización de las disposiciones jurídicas que regulan estos espacios y que buscan garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La presidenta lamentó que no se hubieran presentado quejas con anterioridad, ya que ello habría permitido una intervención más oportuna de las autoridades competentes.
Ante ésto, exhortó a madres, padres y tutores a denunciar cualquier hecho que represente un riesgo para la integridad física o emocional de menores de edad.
Indicó que, aunque no existían denuncias previas, la Comisión intervino de oficio una vez que se hicieron públicos los hechos relacionados con el caso Dafne.
A través de la Segunda Visitaduría, con sede en Tampico, personal del organismo acudió a la institución para realizar labores de observación y posteriormente brindó seguimiento al caso en coordinación con la familia de la víctima.
Explicó que el segundo visitador, José Luis Cruz, estableció contacto con la madre de Dafne para ofrecer acompañamiento y asesoría durante el proceso de investigación que encabeza la Fiscalía General de Justicia del Estado, manteniendo además comunicación con esa dependencia y con la Secretaría de Educación.
Como parte de las acciones preventivas, Garza Guerra informó que durante agosto la CODHET realizará inspecciones en cuatro instituciones que operan, o han operado, bajo esquemas militarizados en Tamaulipas.
Entre ellas se encuentran planteles ubicados en Tampico y Reynosa, además de otros que se busca confirmar en Nuevo Laredo y Matamoros.
Las visitas tendrán como propósito verificar que no existan prácticas de violencia, maltrato físico, psicológico o emocional contra estudiantes, además de revisar que las instituciones cumplan con la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la legislación estatal en materia de violencia escolar.
La titular de la Comisión subrayó que ningún centro educativo puede justificar actos de violencia o abuso bajo ningún modelo de enseñanza, por lo que las revisiones buscarán garantizar el respeto pleno a los derechos de las y los estudiantes.