Victoria, Tamaulipas.– El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, afirmó que la sanción impuesta a un exjuez federal por irregularidades en casos vinculados al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca robustece el camino legal en torno a su proceso de extradición.
El legislador recordó que desde el Poder Legislativo se advirtió con claridad la existencia de actuaciones judiciales cuestionables que impactaban directamente en asuntos de interés público en Tamaulipas, particularmente en los recursos legales promovidos por el exmandatario para frenar acciones penales en su contra.
Recientemente, el Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender e inhabilitar por un año al entonces titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, al acreditarse conductas graves en el desempeño de su función.
De acuerdo con la resolución, el exjuez emitió determinaciones que favorecieron al exgobernador, entre ellas la concesión de amparos que frenaron el cumplimiento de órdenes de aprehensión en su contra.
Además, se documentó un notorio descuido en el manejo de incidentes de suspensión dentro de diversos juicios de amparo, al emitir acuerdos fuera del procedimiento legal y apartarse de los principios de legalidad e imparcialidad.
Prieto Herrera subrayó que este fallo confirma que los señalamientos realizados en su momento no obedecieron a una confrontación política con el Poder Judicial, sino a la defensa del Estado de Derecho y de la confianza ciudadana en las instituciones.
“Cuando se trata de un proceso tan relevante como la extradición de un exgobernador, la actuación judicial debe ser absolutamente imparcial y apegada a la ley. La justicia no puede ser instrumento de privilegios”, expresó.
El diputado consideró que la inhabilitación temporal constituye un precedente importante, pues reconoce formalmente que existieron conductas incompatibles con la responsabilidad de impartir justicia en casos de alto impacto.
Reiteró que el Congreso de Tamaulipas mantendrá una postura firme en la defensa de la legalidad y dará seguimiento al proceso de extradición, al sostener que la transformación institucional implica que la ley se aplique sin excepciones ni protecciones indebidas.