La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio que podría impactar directamente en miles de ciudadanos de Tamaulipas al declarar inconstitucionales los cobros municipales por la simple búsqueda de documentos en archivos y oficinas públicas.

La resolución, publicada el pasado 22 de mayo en el Semanario Judicial de la Federación, establece que los ayuntamientos no pueden cobrar cuotas desproporcionadas por localizar expedientes, papelería o información oficial, debido a que esa actividad forma parte de las obligaciones normales del personal administrativo.

El máximo tribunal del país consideró que este tipo de cobros viola el principio constitucional de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Mexicana, al no representar un gasto extraordinario para las autoridades municipales.

El Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Tamaulipas A.C. presidida por Gilberto Ávalos Martínez, considera que la decisión surgió tras una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra leyes de ingresos municipales que contemplaban tarifas por “búsqueda de documentos” en archivos oficiales.

“Aunque el fallo deriva de municipios de Oaxaca, el criterio podría ser utilizado como referencia jurídica en todo el país, incluyendo Tamaulipas, donde ciudadanos frecuentemente deben realizar trámites relacionados con predial, licencias, catastro, constancias, permisos o expedientes administrativos” afimo.

La resolución de la Corte abre la puerta para que contribuyentes cuestionen cobros excesivos aplicados por ayuntamientos cuando solicitan la localización de documentos antiguos o información archivada.

La SCJN aclaró que los municipios sí pueden cobrar por copias certificadas, impresiones o reproducción de documentos cuando exista un costo material comprobable, pero no por el simple hecho de buscar información en sus archivos.

El criterio judicial ya genera interés entre organismos ciudadanos y especialistas fiscales, quienes consideran que esta jurisprudencia podría obligar a varios ayuntamientos del país a revisar y modificar sus esquemas de cobro durante los próximos ejercicios fiscales.