Los integrantes del sector restaurantero en Tamaulipas han solicitado formalmente a la Secretaría de Finanzas del estado que se les otorguen facilidades para cumplir con el pago de la renovación de la licencia de alcohol, un trámite que, en algunos casos, puede llegar a costar hasta 54,000 pesos.

David Canales González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Tamaulipas, detalló que la petición plantea dos propuestas principales: una es obtener un descuento del 25% si se paga de contado y en una sola exhibición, mientras que la otra opción consiste en un descuento menor con la posibilidad de pagar en mensualidades.

“A principios de noviembre enviamos un oficio al gobernador y a la Secretaría de Finanzas solicitando apoyo para el pago de la licencia de alcohol y estamos en espera de una respuesta, generalmente nos resuelven dentro de los primeros 10 días de enero; pedimos un descuento del 25% para los afiliados a la CANIRAC que paguen en enero y de contado o, en su defecto, un descuento que ellos consideren, pero con facilidades de pago a plazos de 3 a 6 meses”, explicó Canales González.

El presidente de CANIRAC señaló que el costo de la licencia de alcohol es uno de los gastos más significativos para el sector restaurantero al inicio del año, lo que ha motivado la solicitud de facilidades a las autoridades estatales.

El precio de la licencia varía dependiendo del tipo de establecimiento “las licencias más comunes son la de restaurante, que permite la venta de bebidas alcohólicas pero sin área de barra específica, y la de restaurante-bar, que sí permite tener una barra dentro del establecimiento”;
para el caso de los restaurantes, preciso que el costo de dicho docuemto ronda en los 40,000 pesos, mientras que los restaurantes-bar deben pagar aproximadamente un 35% más, es decir, alrededor de 54,000 pesos.

Es importante recordar que, para poder obtener la licencia de alcohol, los restauranteros deben tramitar un preregistro antes del 31 de diciembre. Aquellos que no cumplan con este requisito pueden ser sujetos a multas cuantiosas e incluso a clausuras por parte de las autoridades estatales.