La eventual entrada en vigor de la reforma electoral conocida como “Plan B” no implicará afectaciones directas en las prestaciones ni en la estructura salarial del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), aseguró el consejero presidente del organismo, Juan José Ramos Charre.

El funcionario explicó que el proceso aún se encuentra en fase de consolidación, ya que se espera la declaratoria constitucional por parte del Congreso de la Unión, luego de que la reforma fue turnada a las legislaturas estatales para su aprobación.

En el caso de Tamaulipas, el Congreso local ya se pronunció, por lo que en los próximos días podría formalizarse su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ramos Charre detalló que, una vez concretada la declaratoria, las entidades federativas tendrán como plazo máximo el mes de mayo para armonizar sus constituciones y leyes electorales conforme a la nueva base constitucional, lo que podría implicar ajustes en el ámbito local.

En cuanto al contenido de la reforma, precisó que uno de los puntos centrales se ubica en el artículo 134 constitucional, el cual establece límites en materia de remuneraciones para funcionarios de organismos electorales, mismos que no podrán exceder lo dispuesto en el artículo 127, referente al salario de la Presidencia de la República.

No obstante, subrayó que el IETAM ya se encuentra alineado a estas disposiciones, ya que las percepciones de sus integrantes están reguladas en las condiciones generales de trabajo y aprobadas anualmente por el Congreso del Estado dentro del presupuesto de egresos.

Asimismo, destacó que el Instituto no otorga prestaciones adicionales como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, planes privados de pensiones o esquemas especiales de retiro, rubros que la reforma prohíbe contratar con recursos públicos cuando no estén previstos en la ley.

“El Instituto Electoral no se verá afectado por estas nuevas disposiciones, ya que no existen prestaciones discrecionales; todo está debidamente normado y autorizado”, enfatizó.

En materia salarial, el consejero presidente precisó que sus percepciones se encuentran por debajo de los límites establecidos. Indicó que actualmente percibe un sueldo base de 46 mil 623 pesos, más una gratificación de 80 mil pesos, lo que suma 126 mil 623 pesos mensuales antes de impuestos.

Añadió que los ingresos de las consejerías también están homologados con los de magistraturas del Tribunal Electoral local y, en todos los casos, se mantienen por debajo de lo que perciben tanto el titular del Poder Ejecutivo estatal como la Presidencia de la República.

Ramos Charre advirtió que las reglas fundamentales de los procesos electorales no pueden modificarse de manera sustancial fuera del marco constitucional, aunque reconoció que a nivel estatal podrían realizarse ajustes legales en atribuciones, estructura o procedimientos, siempre que no contravengan la Constitución.