Victoria, Tamaulipas.- Una presunta actuación irregular del Poder Judicial de la Federación llevó a un matrimonio a manifestarse en Ciudad Victoria, donde denunciaron públicamente supuestos actos de corrupción en la resolución de un litigio por la propiedad de un rancho que, aseguran, pertenece a su familia desde hace cinco décadas.

Perla Olazaran Pérez y su esposo, Esteban Olmeda Villarreal, acudieron a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para protestar contra el fallo que, según explicaron, favorece a Román Cano Cabrera, quien reclama 10 hectáreas del Rancho San Pedro de los Ruices, ubicado en las inmediaciones de Estación Santa Engracia.

La señora Perla aseguró que el predio es una herencia de sus padres y que cuentan con escrituras legalmente registradas, además de planos certificados y comprobantes del pago de impuestos estatales, municipales y federales.

“Me quiere quitar mi rancho, un rancho con escrituras, que tengo 50 años”, expresó durante la manifestación, en la que estuvo acompañada por familiares.

Explicó que el conflicto comenzó hace aproximadamente cinco años, cuando Román Cano Cabrera llegó a la zona y, primero, intentó comprarles la propiedad.

Al recibir una negativa, posteriormente inició una demanda para reclamar 10 hectáreas que considera de su propiedad.

Sin embargo, Perla sostuvo que las mediciones realizadas por cinco peritos no coinciden con los terrenos que reclama su contraparte, por lo que cuestionó que, pese a esas diferencias, se haya emitido una resolución en su contra.

Por su parte, su esposo, Esteban Olmeda Villarreal, presentó un certificado expedido por la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad, mediante el cual, afirmó, se establece que la escritura presentada por la parte demandante no cuenta con antecedentes registrales.

“Tenemos aquí el certificado donde la escritura de la persona de la contraparte no tiene antecedente, no tiene validez jurídica”, señaló.

El matrimonio consideró injusto que, pese a los documentos que aseguran haber presentado durante el proceso, el magistrado Rubén Darío Silva haya resuelto a favor de Román Cano Cabrera y ordenado la entrega del terreno.

Durante la protesta, Perla lanzó acusaciones directas contra el magistrado, a quien señaló de presuntamente haber recibido dinero para favorecer a la otra parte.

“Estoy completamente, severamente segura que el señor agarró dinero. Es un centavero y se lo puedo decir en su cara”, manifestó.

Los inconformes anunciaron que procederán legalmente contra quienes intervinieron en la resolución y adelantaron que también contemplan trasladarse a la Ciudad de México para llevar su denuncia ante otras instancias.

El matrimonio insistió en que no busca apropiarse de terrenos ajenos, sino defender una propiedad que, afirma, cuenta con documentos legales y ha permanecido en manos de su familia durante 50 años.