La instalación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública dentro del Instituto Electoral de Tamaulipas implica un desafío institucional que también alcanza a los partidos políticos, los cuales deberán cumplir con la publicación de información y dar respuesta a solicitudes ciudadanas.
De acuerdo con la consejera electoral Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión de Procedimientos Sancionadores, el nuevo esquema establece responsabilidades claras para garantizar el acceso a la información en el ámbito electoral local.
La funcionaria explicó que el seguimiento a los partidos políticos nacionales corresponderá al Instituto Nacional Electoral, mientras que el órgano electoral de Tamaulipas asumirá la supervisión de aquellos institutos políticos que cuentan con acreditación en el Estado.
Añadió que esta reorganización institucional se deriva de reformas legales y constitucionales que modificaron el marco jurídico local, especialmente después de la desaparición de organismos dedicados a la transparencia y protección de datos personales, lo que llevó a reasignar facultades a entes públicos.
Asimismo, reconoció que representantes partidistas han expresado dudas y observaciones sobre el alcance de estas disposiciones, principalmente por la obligación de cargar información en plataformas y atender peticiones realizadas por la ciudadanía.
Garza Robles señaló que tanto el INE como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han definido criterios que precisan qué autoridad debe vigilar el cumplimiento de estas responsabilidades en materia de transparencia electoral.
La consejera enfatizó que los partidos deberán responder a cualquier solicitud de información, ya sea presentada por ciudadanos, organizaciones civiles o incluso por personas que utilicen un seudónimo para formularla.
Indicó que la Unidad de Transparencia del Instituto dará seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones; en caso de detectar incumplimientos, primero se les requerirá a los partidos que corrijan la omisión y, de persistir, podrían enfrentar procedimientos que deriven en sanciones.