Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez, destacó el revés jurídico que representa para el Congreso local la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar en su totalidad el Decreto 66-1146, mediante el cual se modificó el Código Municipal del Estado.

La dirigente panista recordó que la reforma había sido impugnada por PAN, PT, PRI y SOMOS, al considerar que las nuevas restricciones para acceder o permanecer en un Ayuntamiento podían vulnerar derechos político-electorales y la presunción de inocencia.

Sin embargo, la Suprema Corte determinó invalidar el decreto por una razón distinta al fondo de las disposiciones: el Congreso de Tamaulipas aprobó y publicó la reforma durante la veda legislativa de 90 días previa al inicio del proceso electoral.

El decreto fue publicado el 1 de julio de 2026, mientras que el proceso electoral local 2026-2027 inició en septiembre, por lo que el máximo tribunal consideró que el Legislativo local ya no estaba constitucionalmente facultado para realizar modificaciones fundamentales a las reglas electorales.

La reforma establecía, entre otras disposiciones, restricciones para integrar un Ayuntamiento cuando una persona estuviera sujeta a proceso penal por delito doloso, tuviera vinculación a proceso y prisión preventiva. También contemplaba impedimentos derivados de una sentencia firme por delito doloso y causales para suspender o revocar el cargo.

La Corte, sin embargo, no determinó que esas restricciones fueran inconstitucionales por su contenido. El decreto completo fue invalidado debido a que fue aprobado fuera del periodo constitucional permitido.

Para el PAN, la resolución representa un revés para el Congreso tamaulipeco y confirma la relevancia de las impugnaciones promovidas por los partidos opositores contra la reforma.

La sentencia tampoco ordena restablecer automáticamente las disposiciones anteriores del Código Municipal, debido a que éstas se encuentran controvertidas en otro procedimiento ante la Suprema Corte.

El máximo tribunal precisó, además, que la resolución no genera un vacío que impida el desarrollo del proceso electoral 2026-2027, pues los requisitos para acceder a cargos de elección popular y las reglas sobre suspensión de derechos político-electorales permanecen sustentados en la Constitución Federal, la Constitución de Tamaulipas y la legislación electoral vigente que no fue modificada por el decreto.

De esta manera, la totalidad del Decreto 66-1146 quedó sin efectos, mientras que la discusión sobre la constitucionalidad de fondo de las restricciones para ocupar cargos municipales permanece abierta y podría regresar a los tribunales conforme avance el proceso electoral.