Victoria, Tamaulipas.– La Secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, afirmó que cualquier posible irregularidad detectada dentro de la dependencia será reportada a las instancias correspondientes, sin importar si los involucrados pertenecen a la actual administración estatal.
Luego de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno confirmara la existencia de investigaciones abiertas tanto contra exfuncionarios de administraciones anteriores como contra servidores públicos del actual gobierno, la titular de Salud señaló que la dependencia mantiene un proceso permanente de revisión y entrega-recepción.
Explicó que la Secretaría a su cargo realiza observaciones cuando detecta situaciones que consideran pertinentes y las canaliza a los órganos competentes para su análisis.
“Nosotros estamos haciendo observaciones. Todo lo que encontremos o que observemos lo pasamos hacia esta institución y ya ellos se encargan de lo demás”, expresó.
La funcionaria precisó que corresponde a la Contraloría y a las autoridades fiscalizadoras determinar si las observaciones derivan en procedimientos administrativos, investigaciones o algún otro tipo de acción.
“Son observaciones que uno entrega a la Contraloría y ellos son los que determinan si estas proceden o no, o si realmente son cosas anormales que deban seguir un curso de investigación”, indicó.
Cuestionada sobre si durante su gestión se han presentado denuncias contra funcionarios de la actual administración, reiteró que la labor de la dependencia consiste en documentar y reportar cualquier anomalía detectada para que las instancias correspondientes realicen la valoración legal y administrativa.
Rechazó que exista intención de proteger a algún servidor público por formar parte del gobierno en funciones.
“No se va a encubrir nada, aunque sean de la actual administración. Nosotros no cubrimos nada; esto es algo que es el deber ser”, sostuvo.
La secretaria agregó que el proceso de revisión interna continúa y que será la autoridad competente la encargada de determinar si las observaciones realizadas ameritan el inicio de investigaciones formales o la aplicación de sanciones.