Al menos 30 denuncias por “aguachicoleo” se han formalizado ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmó el diputado presidente de la Comisión de Recurso Agua en el Congreso de Tamaulipas.
En entrevista, Juan Ovidio García explicó que gracias a las recientes reformas de ley, ahora los ministerios públicos locales cuentan con las facultades para poder proceder legalmente, investigar y aplicar las sanciones debidas.
“Anteriormente los ministerios públicos no nos recibían la denuncia, porque no había legislación”, declaró el legislador por Morena.
Sobre las sanciones correspondientes, en la fracciones VI, XV y XIX de esa normatividad, se señalan como infractores a los usuarios que por cualquier medio alteren el consumo marcado por los medidores, a las personas que empleen mecanismos para succionar agua potable de las tuberías de distribución, a los que construyan y operen sistemas para la prestación de los servicios públicos sin la concesión correspondiente.
En su Artículo 193 las sanciones que procedan por las faltas previstas en esta ley tendrán, destino específico en favor de los organismos operadores y se impondrán sin perjuicio de la aplicación de las sanciones por la responsabilidad penal que resulte. El robo de agua se castiga hasta con seis años de cárcel.
Como antecedente, de acuerdo con estadísticas extraoficiales, en el Estado se ha detectado que hasta el 15% de los usuarios tienen tomas o conexiones clandestinas de la red de distribución de agua potable de los organismos operadores de agua en los municipios.
Esto ha impactado operativa y financieramente en los organismos operadores del agua y por consecuencia en todos los usuarios que sí cumplen con pagar el servicio acorde a los requisitos de la Ley.