Victoria, Tamaulipas.– La supervisora de la Zona Escolar 82, Nereyda Miroslava de la Garza Gil, aseguró que las denuncias presentadas en su contra por presunto acoso y hostigamiento laboral carecen de fundamento y responden a intereses ajenos al ámbito educativo.

En conferencia de prensa, la funcionaria sostuvo que los señalamientos forman parte de una estrategia para afectar su imagen profesional y desacreditar el trabajo que ha desempeñado al frente de la supervisión escolar.

Afirmó que no existe evidencia que respalde las acusaciones difundidas en su contra.

De acuerdo con su versión, detrás del conflicto se encuentra un grupo de trabajadores administrativos que se opuso a las medidas implementadas para regular la asistencia y el cumplimiento de funciones dentro de la zona educativa.

Consideró que las denuncias surgieron luego de que se exigiera a ciertos empleados presentarse a laborar de manera regular.

La supervisora señaló que algunas de las personas involucradas dejaron de acudir a sus centros de trabajo y ahora buscan justificar esa situación mediante acusaciones que, insistió, son falsas.

En ese sentido, sostuvo que se intenta desviar la atención de presuntas irregularidades laborales.

Respecto al procedimiento iniciado en su contra, informó que recurrió a la vía judicial federal para impugnar las acciones emprendidas.

Explicó que un juzgado le otorgó medidas cautelares que impiden la aplicación de sanciones mientras se resuelve el fondo del asunto.

De la Garza Gil interpretó la resolución como un reconocimiento a las inconsistencias detectadas en el proceso seguido en su contra, al considerar que no se respetaron las formalidades necesarias para garantizar una investigación imparcial.

Acusó que las diligencias promovidas por instancias sindicales se realizaron sin brindarle la oportunidad de exponer su versión de los hechos.

Aseguró que nunca fue convocada formalmente para responder a las acusaciones antes de que se emitieran pronunciamientos en su contra.

Denunció haber recibido presiones para abandonar la supervisión de la Zona Escolar 82 y aceptar una reubicación a la Zona Escolar 10.

Sin embargo, manifestó que no accederá a cambios que, a su juicio, carecen de sustento legal y administrativo, por lo que continuará defendiendo su permanencia en el cargo por las vías institucionales correspondientes.