Victoria, Tamaulipas.- La reciente actualización de la tarifa del transporte público es el primer paso de un plan que apunta hacia la modernización, con la meta de mejorar tanto las unidades como la seguridad de los miles de usuarios.
El funcionario explicó que, por instrucciones del gobernador, la subsecretarÃa de Transporte ha estado trabajando para atender las demandas de los concesionarios que, debido a una congelación tarifaria que se prolongó por años, enfrentaban dificultades para mantener el servicio en condiciones adecuadas.
“Un incremento a la tarifa genera ciertas suspicacias, se vieron pros y contras, el gobernador tomó un acuerdo con las partes que tienen responsabilidad”, explicó.
En este acuerdo se establecieron compromisos clave, entre los cuales destaca la modernización del transporte, con plazos y estrategias especÃficos.
De acuerdo con el subsecretario, el objetivo de modernizar el sistema de transporte público va más allá de reemplazar las unidades actuales, ya que “pensar que mañana se va a comprar un camión nuevo es imposible”, debido a los altos costos.
Sin embargo, confirmó que se están planificando mejoras graduales en las condiciones de las unidades y las rutas para optimizar la experiencia del usuario.
Entre las acciones prioritarias, se ha planteado que en un periodo de seis meses a un año se espera ver mejoras en el aspecto y estado de las unidades, asà como la implementación de un sistema de cobro digital que permita agilizar el pago y brindar mayores ingresos a los concesionarios.
Además, se instalará un sistema de videovigilancia en los vehÃculos, el cual estará conectado a la red de la SecretarÃa de Seguridad Pública para ofrecer mayor seguridad tanto a operadores como a pasajeros.
“Ya recuperados (los concesionarios) podrán ir sustituyendo las unidades; no es posible que en un corto tiempo se pueda dar un vehÃculo nuevo o del año”.
El tema de la privatización del servicio también fue abordado y aunque los concesionarios son entes privados, Gloria Requena subrayó que el gobernador mantendrá la tutela estatal sobre el sistema de transporte público, priorizando la defensa de los intereses de los ciudadanos.