En un contexto donde cada vez son más los requisitos para realizar trámites básicos —como presentar la credencial del INE, la constancia de situación fiscal o una licencia de conducir—, ahora surge una nueva propuesta que podría sumar otra obligación para los ciudadanos: contar con un seguro de responsabilidad civil.

La diputada de Morena, Úrsula Salazar Mojica, plantea que este requisito sea indispensable para poder llevar a cabo diversos trámites vehiculares, lo que ha exaltado el debate al considerar que se añadiría una carga más a los tamaulipecos, similar a otros documentos ya indispensables en la vida cotidiana.

La iniciativa impulsada por la diputada de Morena, condiciona la realización de trámites vehiculares a la contratación de un seguro, donde ya se advierten riesgos económicos y sociales para la población.

Aunque la propuesta plantea exigir una póliza vigente para realizar movimientos como altas, registros o refrendos, especialistas y ciudadanos han comenzado a cuestionar el alcance de la medida, particularmente por su carácter obligatorio y su impacto directo en el bolsillo de los tamaulipecos.

De acuerdo con información pública, una gran parte de la población no cuenta con seguro vehicular, principalmente por razones económicas: hasta el 41% de las personas considera que son costosos o inaccesibles. Esto abre la interrogante sobre si una medida de este tipo podría excluir a miles de ciudadanos de trámites básicos.

Voces críticas advierten que el problema no es el seguro en sí, sino condicionar derechos administrativos a su contratación. En redes y foros ciudadanos, algunos usuarios han expresado su preocupación: Además, datos nacionales indican que solo tres de cada diez vehículos en México cuentan con seguro, lo que evidencia que imponerlo como requisito para trámites podría generar un cuello de botella administrativo y social.

Otro de los puntos que genera inquietud es el posible beneficio indirecto a las aseguradoras, al obligar a millones de ciudadanos a contratar pólizas, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una carga económica adicional más que una solución integral a los problemas de movilidad y seguridad vial.

Si bien existen argumentos a favor del seguro obligatorio —como la protección a víctimas de accidentes—, el debate en Tamaulipas se centra en si es correcto vincularlo a la realización de trámites, o si esto podría derivar en una medida excluyente.

Por ahora, la discusión en el Congreso del Estado continúa en medio de posturas encontradas: entre quienes ven en la iniciativa una herramienta de protección, y quienes advierten que podría convertirse en un nuevo obstáculo para la ciudadanía en un contexto económico ya complicado.