Tomando en consideración que más del 50% de las mujeres que sufren violencia familiar, después de denunciar a sus agresores terminan otorgando el perdón; al reformase el Código Penal para el Estado ya no podrán hacerlo.

La Diputada Patricia Pimentel comparte que de acuerdo a estadísticas oficiales es una realidad que más de la mitad de las mujeres que denuncian las agresiones sufridas, otorgan el perdón a sus agresores por diversos motivos como es la cultura, la presión de la sociedad, las ideologías de género, entre otros motivos:

“Incluso se impone el temor de perder el apoyo económico en sus hogares, ya que en múltiples casos dependen del sueldo de los esposos para sostener la alimentación y educación de los hijos”.

Apunta que otorgar el perdón al agresor por parte de las víctimas de violencia familiar se ha convertido en el obstáculo principal para disminuir la violencia, lo que en muchos casos recae en agresiones más severas:

“Una persona que sufre violencia familiar, con el estrés generado pierde la posibilidad de darse cuenta de que puede salir de dicha situación, y es cuando otorga el perdón, por lo que al modificarse la ley para que no pueda hacerlo, se rompe ese circulo de violencia y se otorga seguridad a las víctimas”.

Indica la legisladora local que hablar de la violencia contra las mujeres y niñas es señalar un problema social de grandes dimensiones y graves consecuencias, el cual se extiende a lo largo y ancho del país; este tipo de violencia constituye una violación a los derechos humanos y tiene sus raíces en las desigualdades y la discriminación que históricamente se ha ejercido contra ellas.

Los cambios propuestos es que la persona que materialice una conducta que constituya el delito de violencia familiar, no se le podrá otorgar el perdón por parte de cualquier miembro de la familia que tenga el carácter de ofendido o de víctima.

Se argumenta que en los casos de violencia familiar, el agresor mediante aprovechamiento de la vinculación familiar puede inducir, mediante insultos, amenazas, entre otras cuestiones, a que el ofendido o víctima se desista de ejercer acción penal otorgando el perdón, lo que propiciaría que aquellos actos que se configuren como violencia familiar queden impunes, impulsando la reiteración de los mismos.