Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El conflicto en la Zona Escolar 82 escaló este lunes hasta las puertas del Gobierno del Estado, luego de que maestros inconformes solicitaron la intervención directa del gobernador Américo Villarreal Anaya para hacer cumplir una resolución que ordena la separación de una supervisora acusada de acoso laboral y abuso de autoridad.

Aprovechando la presencia de autoridades estatales durante la ceremonia de Honores en el Instituto Tecnológico de Victoria, docentes y trabajadores exigieron una solución inmediata a un problema que, aseguran, permanece sin respuesta pese a existir un resolutivo oficial.

Los inconformes sostienen que desde el pasado 1 de junio fue emitida una instrucción para concentrar a la supervisora en la jefatura de sector; sin embargo, denuncian que la medida no se ha ejecutado.

La situación provocó que los manifestantes dirigieran sus reclamos a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, demandando la remoción definitiva de la funcionaria a quien atribuyen prácticas de hostigamiento laboral y abuso de autoridad.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, rechazó que la Sección 30 del SNTE esté detrás de las protestas y afirmó que la organización sindical ha acompañado los procesos para garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

“No lo veo así. El sindicato ha apoyado estos resolutivos porque tiene la tutela de los derechos laborales de los trabajadores y hemos encontrado un gran aliado”, declaró.

También descartó que exista falta de actuación por parte de la Subsecretaría de Educación Básica ante los señalamientos de los docentes, quienes insisten en que la resolución continúa sin cumplirse.

Mientras el conflicto permanece sin solución, las consecuencias ya alcanzan a la comunidad educativa. De acuerdo con los propios manifestantes, el paro involucra a 122 trabajadores entre docentes, directivos y personal administrativo, además de impactar directamente a mil 57 estudiantes de la zona escolar.

La exigencia de los maestros es clara: que se ejecute la resolución pendiente y se ponga fin a un conflicto que, aseguran, lleva semanas afectando la operación normal de las escuelas.