La Consejería jurídica del Gobierno del Estado urgió al Tribunal de Justicia Administrativa alinear con justicia pronta y expedita las determinaciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría contra algunos ex funcionarios que durante el desempeño de sus encargos se les ha fincado y comprobado una responsabilidad que merece ser sancionada y que ya se encuentran inhabilitados.
Tania Gisela Contreras Ruiz denunció la tardanza y demora en esta instancia de la impartición de la justicia donde sucede todo lo contrario. “Esa es una de las razones por las cuales la ciudadanía ha exigido una reforma judicial”, subrayó.
El Tribunal de Justicia Administrativa tiene la competencia de resolver los casos graves al que son remitidos las conductas presuntamente irregulares que la propia Contraloría Estatal ha fincado contra determinados ex funcionarios públicos y que hoy incluso se encuentran inhabilitados, sin embargo, no hay resolución al respecto.
La Consejera Jurídica Estatal recordó que las determinaciones sobre sanciones no graves corresponden a la Contraloría y aquellas conductas graves corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa y mientras que en la primera instancia se han estado resolviendo sobre las que le competen a la Contraloría no así al del Tribunal de Justicia Administrativa.
“Son únicamente dos personas que fueron inhabilitadas y se encuentran en el cargo de legisladores, mi opinión es que se está avanzando en combatir la impunidad, para que respondan por sus actos y si bien ellos tienen derecho a defenderse, hay conductas que se dieron a conocer desde el 2022 y hoy están los resultados, les hacemos un llamado al Tribunal de Justicia Administrativa a que resuelvan los asuntos, lo mismo que hemos hecho en todas las instancias, hubo un agravio a la sociedad y ellos tienen la responsabilidad”.