El sector empresarial considera que la Ley General contra la Extorsión representa un paso fundamental para garantizar seguridad y justicia frente a este delito, que afecta directamente la actividad económica y la confianza de los ciudadanos. La iniciativa permitirá que la extorsión sea perseguida de oficio, eliminando barreras para denunciar y agilizando los procesos legales contra los responsables.
En su vista a Ciudad Victoria, Héctor Tejeda Shaar, consejero nacional de la Concanaco Servytur, destacó que esta legislación fortalecerá la capacidad de reacción ante este delito.
“Yo estoy muy contento con esta ley porque ya la extorsión se va a perseguir de oficio con del simple hecho de que exista una denuncia anónima. Esto significa que ya va a ser un delito donde se seguirá el proceso y se castigará a los culpables”, afirmó.
Sin embargo, el empresario advirtió que la coordinación con las autoridades será fundamental para garantizar la efectividad de la ley.
“Necesitamos estar en coordinación con nuestras autoridades y pedirles que, cuando se dé un caso, se actúe de inmediato, porque la extorsión no la podemos permitir”, recalcó.
Aunque las cifras de extorsión varían por región, Tejeda Shaar recordó que la inseguridad en general tiene un impacto económico cercano al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a un gasto anual estimado en más de 277 millones de pesos.
“No estoy hablando solamente de extorsión, sino de todo lo que implica la inseguridad en el país, incluyendo el robo al transporte y el comercio”, señaló, enfatizando la urgencia de contar con mecanismos legales efectivos como los que propone la nueva ley.
La Ley General contra la Extorsión se encuentra en proceso de modificación en la Cámara de Diputados y se espera que sea turnada al Senado la siguiente semana para su aprobación.