Victoria, Tamaulipas.– Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene paralizada la operación de un banco de materiales en la región centro del Estado, situación que ha comenzado a afectar el desarrollo de obras públicas en Victoria y alrededores.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, confirmó que el caso no depende del Gobierno del Estado, sino que se encuentra bajo jurisdicción federal.

“Hasta donde tengo entendido, es un tema con la Fiscalía General de la República, no es por parte del Estado”, aclaró.

El banco de materiales señalado ha suspendido operaciones por segunda ocasión en menos de un año, generando complicaciones en el suministro de grava, arena y otros insumos utilizados en trabajos de pavimentación y construcción.

Saldívar Lartigue informó que, ante este escenario, la dependencia estatal iniciará una inspección general en todo Tamaulipas para verificar que los demás bancos de materiales cuenten con permisos vigentes y operen dentro de los volúmenes de extracción autorizados.

“Vamos a realizar recorridos en todo el estado para ubicar, verificar y notificar a los bancos que actualicen sus trámites. Siempre hemos estado atentos a las gestiones que hacen los propietarios”, señaló.

La funcionaria explicó que las vigencias de los permisos pueden variar según el volumen autorizado de extracción, y que los propietarios están obligados a reportar avances y solicitar una nueva autorización una vez que se cumple el volumen autorizado.

En cuanto a las anomalías detectadas, la titular de SEDUMA detalló que muchas veces se deben a retrasos en la actualización de permisos o incumplimiento en los reportes de extracción, más que a una sobreexplotación del terreno.

También se revisan las condiciones de seguridad y los planes de contingencia en coordinación con Protección Civil.

Por último, Saldívar Lartigue descartó que exista tráfico de influencias o participación de funcionarios públicos en la operación de los bancos de materiales, como ocurrió en sexenios anteriores.

“Son empresas privadas, inversionistas que generan empleo y fuentes de trabajo. No hay injerencia de funcionarios”, afirmó.