Los partidos políticos que participen en las elecciones de 2027 podrán solicitar que sus aspirantes a cargos de elección popular sean sometidos a una evaluación de riesgo por parte de autoridades de seguridad e inteligencia, como parte de un nuevo mecanismo nacional diseñado para fortalecer la integridad de las candidaturas y evitar la postulación de perfiles vinculados con actividades ilícitas.

La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que recibirá, de manera voluntaria, los listados de personas que pretendan competir por un cargo de elección popular, tanto en el ámbito federal como local, antes de que sean registradas oficialmente.

Una vez recibida la información, el INE la remitirá a instituciones competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para que realicen un análisis de riesgo y determinen si existen indicios razonables que relacionen a algún aspirante con posibles actividades delictivas.

Entre las autoridades que participarán en este proceso se encuentran la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales establecerán la metodología para emitir sus evaluaciones.

El nuevo procedimiento establece que el INE únicamente notificará a los partidos políticos si una o más de las autoridades identificaron un riesgo razonable respecto de algún aspirante, sin revelar el contenido de las investigaciones ni los expedientes que dieron origen a dicha evaluación. La decisión final sobre mantener o retirar una candidatura corresponderá a cada instituto político.

La entrega de la información por parte de los partidos será voluntaria y también podrá ser utilizada por quienes busquen una candidatura independiente. Además, las personas que aspiren a ser postuladas deberán otorgar su consentimiento para que sus perfiles sean sometidos a la revisión correspondiente.

La legislación establece que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas deberá quedar instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027, por lo que este nuevo mecanismo será aplicable en las próximas elecciones, en las que también se renovarán cargos de elección popular en Tamaulipas.