Bajo el nombre que remite a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, legisladores impulsan la llamada “Ley Genaro García Luna”, una iniciativa que busca castigos ejemplares, cárcel sin privilegios y el fin del fuero como escudo para servidores públicos ligados a la corrupción y al crimen organizado.

Durante 2025, el endurecimiento de penas contra funcionarios desleales al servicio público se ha convertido en una exigencia social. En este contexto, el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó ante el pleno una iniciativa de reforma al Código Penal de Tamaulipas para aumentar las sanciones a quienes traicionen la confianza ciudadana desde el poder.

La propuesta, bautizada como “Ley Genaro García Luna”, busca castigar con mayor severidad a servidores públicos que incurran en delitos de corrupción o colaboren con la delincuencia organizada, cerrando cualquier resquicio legal que hoy permita evadir la justicia, incluso mediante el fuero constitucional.

Al defender la iniciativa, Vargas Fernández afirmó que el combate a la impunidad es un pilar de todo Estado democrático y que las leyes deben evolucionar al ritmo de la sociedad. Sostuvo que Tamaulipas no puede permitir funcionarios “cobardes y corruptos” que, desde sus cargos, faciliten el daño a la población.

La reforma plantea actualizar y perfeccionar el Código Penal estatal para que sea claro, contundente y acorde con los tiempos actuales. Entre los cambios propuestos destaca la eliminación de duplicidades normativas que generan confusión, como la derogación de una fracción del artículo 209, donde conductas similares tienen castigos distintos.

Asimismo, se busca precisar de manera expresa las sanciones, incluyendo prisión y multas, evitando vacíos legales que hoy permiten interpretaciones laxas en favor de los infractores. El objetivo es que ninguna conducta indebida quede sin castigo y que las consecuencias jurídicas sean claras para quien abuse del poder.

El legislador subrayó que los servidores públicos están obligados a actuar con honestidad y responsabilidad, y que cualquier desviación debe quedar plenamente tipificada para garantizar justicia a la ciudadanía y recuperar la confianza en las instituciones.

Finalmente, Vargas Fernández destacó que la iniciativa se alinea con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, enfocado en paz, justicia e instituciones sólidas, reafirmando —dijo— el compromiso de la actual legislatura con la legalidad y la continuidad de la Cuarta Transformación en Tamaulipas.