Victoria, Tamaulipas.– Aunque los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la actuación del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) han abierto la discusión sobre la necesidad de establecer mayores controles, en este momento sería imposible modificar la legislación para incorporar candados o mecanismos adicionales de fiscalización, reconoció el diputado Humberto Prieto Herrera.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local consideró que lo ocurrido en torno al organismo electoral debe servir como precedente para impulsar reformas una vez que los tiempos legales lo permitan, particularmente ante el gasto que se proyecta para la organización del proceso electoral de 2027.

El IETAM solicitaría alrededor de 600 millones de pesos para las próximas elecciones, cifra que representaría aproximadamente 200 millones de pesos más que lo destinado en el proceso electoral anterior, lo cual, considero el legislador como “algo, elevadito”.

Prieto Herrera señaló que, al encontrarse ya en el año electoral, no es viable realizar modificaciones a la legislación en la materia, pero sostuvo que los acontecimientos recientes deberán ser considerados cuando se abra nuevamente la posibilidad de reformar las disposiciones electorales.

“Todo lo que está sucediendo solamente marca un precedente, un precedente que se tiene que tomar en cuenta para cuando ya se permitan hacer esos cambios o esas modificaciones en la ley”, declaró.

El diputado calificó como “muy desafortunado” lo que ha salido a relucir sobre el Instituto Electoral y señaló que los responsables de atender los señalamientos son las propias autoridades electorales, quienes deberán demostrar que sus actuaciones se apegaron a la ley.

“Muy desafortunado, muy desafortunado todo lo que se ha salido a relucir y obviamente se tienen que dar las últimas consecuencias”, expresó.

Sobre la posibilidad de que el Congreso establezca nuevas reglas para vigilar el gasto del organismo, dijo que será necesario revisar qué modificaciones, nuevas disposiciones o incluso derogaciones podrían plantearse una vez que legalmente sea posible intervenir en la legislación electoral.

Sostuvo que la prioridad debe ser que las autoridades judiciales que investigan los señalamientos trabajen en coordinación con las instituciones involucradas y que se deslinden responsabilidades.

“Lo primero que quería es obviamente esa coordinación y cooperación con las autoridades judiciales que están investigando, que se den las consecuencias y de ahí ahora sí, ya logrando esto, pues bueno, trabajar, echarle todos los kilos y que vuelva a regresar la honorabilidad a esas instituciones”, puntualizó.

Prieto Herrera consideró que la recuperación de la confianza ciudadana será uno de los principales retos del órgano electoral, luego de las controversias que han surgido, y que las futuras reformas deberán tomar en cuenta las lecciones que deje este episodio para fortalecer la transparencia y el manejo de los recursos públicos.