En Tamaulipas, el número de escuelas privadas o particulares ha ido en aumento, lo que ha originado un “mercantilismo educativo” ya que la preparación y formación de las y los estudiantes pasa a un segundo plano por priorizarse únicamente el aspecto económico; señala la Diputada local Edna Rivera.
Puntualiza que al encontrarse saturadas la mayor parte de las escuelas públicas tanto de educación básica, como de media superior y superior, es que los padres de familia consideran inscribir a sus hijos en las escuelas privadas, por ello, debe vigilarse que estas cuenten con el reconocimiento a fin de que a su egreso puedan continuar con su formación académica y en el caso de la educación superior ingresar al mercado laboral:
“Esta vigilancia debe equipararse a la aludida rectoría que impera en materia educativa, misma que no debe limitarse únicamente a sanciones de carácter administrativo, como lo contempla la ley reglamentaria del artículo 3° constitucional, ya que el bien jurídico que se tutela es la prestación del servicio educativo, del cual se desprenderán en consecuencia todos los beneficios que representa para los alumnos el contar con preparación académica plasmada en la expedición de una constancia oficial o un título universitario”.
Menciona que actualmente sólo se contemplan sanciones administrativas para quienes incumplan con las referidas disposiciones:
“ En nuestra entidad, de acuerdo al Anuario de la Estadística Educativa del Estado de
Tamaulipas del Ciclo Escolar 2018-2019 existen más de mil ochocientas escuelas
privadas entre servicios de apoyo, de educación básica, formación para el trabajo y
media superior y superior, lo que es un número significativo, por lo que es necesario
legislar al respecto”.
Considera la necesidad de establecer sanciones para los particulares que presten el servicio educativo sin contar con autorización o reconocimiento de validez de estudios, para quedar como sigue:
ARTICULO 211 Bis.- A los particulares que presten servicios educativos que conforme a la Ley requieran autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los hayan obtenido, se les impondrá una pena de prisión de tres a seis años y multa de quinientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida.