Comprar productos falsificados, comercializar mercancía pirata o distribuir contenidos digitales de manera ilegal podría tener consecuencias más severas bajo las nuevas disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados, que buscan reforzar la protección de marcas, creadores y empresas frente a la falsificación y la piratería.
La diputada federal, Blanca Araceli Narro Panameño, respaldó la reforma en materia de propiedad industrial y advirtió que el problema no solamente afecta a las grandes compañías, sino también a los consumidores y a quienes trabajan legalmente para producir y comercializar mercancías.
“Lo barato sale caro, decimos en casa… y qué cierto resulta cuando nos venden algo falso como si fuera original”, expresó la legisladora al explicar la importancia de fortalecer las medidas contra estas prácticas, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.
Entre los aspectos destacados de la modificación se encuentran el fortalecimiento de las medidas contra la distribución de obras antes de su lanzamiento oficial y la falsificación de marcas, así como herramientas para actuar contra mercancías ilegales que circulan por redes comerciales y plataformas digitales.
El planteamiento también contempla sanciones que, para determinados delitos, podrían alcanzar hasta 10 años de prisión, además de mecanismos de indemnización para los titulares de los derechos afectados.
Uno de los cambios señalados es la incorporación del concepto de “escala comercial” para delimitar determinadas conductas relacionadas con la piratería, en sustitución del criterio subjetivo del ánimo de lucro.
Estas medidas buscan dificultar que las redes dedicadas a la falsificación aprovechen vacíos legales para introducir productos al mercado y obtener ganancias mediante la comercialización de mercancía apócrifa.
La legisladora sostuvo que el dinero de las familias merece respeto, al igual que el trabajo de quienes fabrican productos, desarrollan marcas y crean contenidos originales.