La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una circular oficial para ordenar a todas las dependencias federales, gobiernos estatales y municipales del país abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V., medida que tendrá repercusiones directas en las adquisiciones públicas y de medicamentos en entidades como Tamaulipas.

La disposición, publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, alcanza a dependencias de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la Fiscalía General de la República, gobiernos estatales, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, quienes ya no podrán contratar a dicha compañía mientras permanezca vigente la resolución.

El caso cobra relevancia en Tamaulipas debido a que hospitales, instituciones de salud y organismos públicos dependen de proveedores nacionales para el abasto de medicamentos, material clínico y diversos insumos médicos, por lo que cualquier restricción federal puede impactar procesos de adquisición y suministro.

Hasta el momento no hay evidencia pública directa de contratos adjudicados por el Gobierno de Tamaulipas a Puerta del Sol Capital, S.A. de C.V. en las plataformas abiertas consultadas de transparencia, compras gubernamentales y licitaciones estatales. Se trata de una empresa mexicana proveedora del sector salud, radicada en Zapopan, Jalisco.

La medida también obliga a dependencias estatales y municipales tamaulipecas a revisar si existen procedimientos de contratación, licitaciones o relaciones comerciales vigentes con la empresa señalada, a fin de evitar posibles responsabilidades administrativas.

En meses recientes, Puerta del Sol Capital había sido mencionada en medios nacionales por presuntos incumplimientos en contratos relacionados con distribución de medicamentos y abastecimiento de productos médicos al sector salud federal.

Hasta el momento, autoridades federales no han detallado públicamente el alcance total de las sanciones económicas o administrativas adicionales contra la empresa; sin embargo, la instrucción oficial ya impide nuevas contrataciones en todo el país.