El juez de control Juan Artemio Haro Morales lanzó una advertencia a la exsecretaria de Bienestar, Yahleel Abdala Carmona: si no comparece a la audiencia inicial programada para el próximo domingo, será considerada como sustraída de la acción de la justicia.

Durante la diligencia celebrada este jueves, correspondiente a la carpeta procesal 733/2025, en la que se le imputan cargos por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, con un daño patrimonial estimado en 985.2 millones de pesos, la exfuncionaria volvió a ausentarse, acumulando ya tres inasistencias consecutivas.

Desde que fue formalmente citada el pasado 12 de diciembre, Abdala Carmona ha presentado diversos justificantes médicos para evitar acudir ante la autoridad judicial, argumentando padecimientos como dolor dental, infecciones de garganta, problemas respiratorios y malestares gastrointestinales.

No obstante, dichos documentos no han sido validados por el juzgador debido a inconsistencias detectadas en su contenido.

Tras un intercambio de argumentos que se prolongó por casi una hora entre los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y la defensa legal de la exsecretaria, el juez resolvió que la imputada deberá presentarse sin excepción a la siguiente audiencia.

De no hacerlo, y al no acreditar un domicilio en Ciudad Victoria para recibir notificaciones, se le tendrá por evadida.

En ese mismo sentido, la fiscal Casandra González advirtió que la omisión de señalar un domicilio procesal podría derivar en la solicitud de una orden de aprehensión, con el objetivo de asegurar su comparecencia ante el juez.

Como parte de su estrategia legal, la defensa presentó una receta médica fechada el 6 de enero, en la que se señala que Yahleel Abdala habría sido atendida en el Hospital de Especialidades de Nuevo Laredo por una supuesta infección respiratoria y estomacal, consulta por la que se habrían pagado 500 pesos.

Sin embargo, al comparecer el médico que emitió dicho documento, la FECC detectó contradicciones tanto en las fechas como en la forma en que supuestamente se brindó la atención.

A ello se sumó el testimonio del director del hospital, quien afirmó que no existen registros de ingreso de la exfuncionaria ni en el área de urgencias ni en hospitalización.

Ante estos elementos, el juez Haro Morales determinó que la receta no constituye un justificante válido.

Si bien reconoció la autenticidad del documento, señaló que existen faltas graves del personal médico y contradicciones claras sobre si la atención fue presencial, telefónica o privada, lo que impide tener certeza de que la imputada realmente padeciera una enfermedad que le impidiera acudir a la audiencia.