Ante el deplorable estado en el que se encuentra la Central de Autobuses de Ciudad Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez informó que la semana pasada se emitió una notificación solicitando que se inicie la remodelación del inmueble, anticipando que, de no cumplirse, el ayuntamiento podría aplicar una sanción económica a la gerencia.
Destacó que, al tratarse de una propiedad privada, el gobierno municipal no puede intervenir directamente en el proyecto; sin embargo, añadió que eso no impide que se realicen gestiones para mejorar las condiciones del inmueble, especialmente su fachada.
“La ciudadanía merece una central de autobuses decorosa, a la altura de lo que representa Ciudad Victoria. Aunque no podemos intervenir directamente por ser un bien privado, estamos utilizando todos los medios legales a nuestro alcance para que se lleven a cabo las obras y hasta podemos multarlos, pero confiamos en que no llegaremos a eso”, expresó.
El alcalde detalló que los administradores de la central ya tienen proyectos en curso para las instalaciones de Matamoros y Reynosa, y que posteriormente se trasladarán a la de Ciudad Victoria. No obstante, subrayó que el Ayuntamiento pondrá un límite de tiempo para garantizar que las obras se realicen en el menor plazo posible.
Además, Gattás Báez adelantó que, una vez remodelada la central, el gobierno municipal trabajará en la mejora de los alrededores. Esto incluye reconfigurar las áreas de acceso para el transporte público, ajustar la ubicación de andadores y establecer un nuevo ordenamiento vial en coordinación con Tránsito Municipal y el gobierno estatal.
El edil reconoció que el mal estado de las instalaciones afecta tanto a los usuarios como a la imagen de la ciudad: “La central parece estar detenida en los años setenta; es urgente que este espacio recupere su funcionalidad y estética, porque es la puerta de entrada para muchos visitantes”.
Por último, destacó que se buscará coadyuvar con la administración del inmueble en lo necesario, siempre y cuando las intervenciones respeten el marco legal que regula la inversión de recursos públicos en propiedades privadas.