El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, calificó como equivocada la decisión del Gobierno de Nuevo León de implementar un pase turístico obligatorio para vehículos con placas de otros estados y advirtió que la medida debe revisarse a la luz del derecho constitucional al libre tránsito.

La disposición, impulsada por el Gobierno de Samuel García a través del Instituto de Control Vehicular, está prevista para entrar en vigor el próximo 21 de octubre y contempla un permiso gratuito para automovilistas foráneos que circulen por territorio neoleonés.

“Está mal”, sentenció Villarreal Anaya al ser cuestionado sobre la medida, al considerar que debe analizarse desde una perspectiva constitucional.

El mandatario tamaulipeco señaló que en México todos los ciudadanos tienen derecho a transitar libremente por el territorio nacional y cuestionó bajo qué fundamento se pretende establecer un requisito adicional para los vehículos registrados en otras entidades.

“Yo no sé, en base a qué condición lo estén planteando, donde creo yo, los principios constitucionales que tenemos, todos los mexicanos tenemos el libre tránsito por nuestro país”, expresó.

Villarreal Anaya hizo referencia al Artículo 11 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a entrar y salir del país, transitar por su territorio y cambiar de residencia sin necesidad de requisitos como cartas de seguridad, pasaportes o salvoconductos.

Por ello, consideró necesario “conciliar” la disposición de Nuevo León con el marco constitucional antes de su entrada en vigor.

La medida también ha generado cuestionamientos en otras entidades de la región. Autoridades de Coahuila han advertido que el requisito podría afectar el comercio, la productividad y la movilidad entre los estados del noreste.

Para Tamaulipas, el tema cobra especial relevancia por la intensa movilidad diaria de personas y mercancías entre ambas entidades, particularmente en la zona norte, donde miles de tamaulipecos se trasladan hacia Nuevo León por motivos laborales, comerciales, educativos y turísticos.

El gobernador tamaulipeco planteó así la necesidad de una revisión jurídica de la medida para evitar que un requisito estatal termine convirtiéndose en una barrera para la movilidad y la integración económica de la región noreste.