La Federación reforzó el cerco contra el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, al modificar las Reglas de carácter general vinculadas con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), medidas que también tendrán aplicación en Tamaulipas.

El Acuerdo 115/2026, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, amplía y actualiza las obligaciones para quienes realizan las denominadas “Actividades Vulnerables”, con mayores controles para identificar clientes, detectar operaciones inusuales y conocer quién se encuentra detrás de los recursos.

Destaca la incorporación de un esquema de evaluación con enfoque basado en riesgos, mediante el cual quienes desarrollen “Actividades Vulnerables” deberán clasificar a sus clientes y usuarios de acuerdo con el nivel de riesgo que representen.

Las nuevas disposiciones también fortalecen la identificación del llamado “Beneficiario Controlador”, es decir, la persona o grupo de personas físicas que obtiene en última instancia el beneficio de una operación o que ejerce el control efectivo de una persona moral.

Otro de los puntos relevantes es el establecimiento de mecanismos automatizados para dar seguimiento continuo a las operaciones, considerando factores como montos, frecuencia, zona geográfica, origen y destino de los recursos y actividad económica del cliente.

La reforma contempla además disposiciones específicas para personas políticamente expuestas, fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como nuevas obligaciones relacionadas con manuales de políticas internas, capacitación, mecanismos de prevención, selección de personal y auditorías.

Los notarios públicos y las instituciones bancarias también forman parte de los mecanismos de prevención contra el lavado de dinero. Los fedatarios deben identificar a quienes intervienen en determinadas operaciones y reportar aquellas que encuadren en los supuestos establecidos por la legislación, mientras que los bancos deben mantener controles para identificar y detectar operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita y, cuando corresponda, informar a las autoridades.

Uno de los aspectos que podrían generar mayor atención entre los sectores regulados es la obligación de presentar determinados avisos de sospecha o por hechos e indicios dentro de las 24 horas siguientes a que se identifiquen conductas u operaciones que pudieran estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

Para los sectores productivos y comerciales de Tamaulipas, la actualización representa un llamado a revisar procedimientos internos y documentación, particularmente entre quienes desarrollan actividades consideradas vulnerables y que deberán fortalecer sus mecanismos de identificación, seguimiento y reporte.

Las nuevas reglas no entrarán en vigor de manera inmediata. El acuerdo establece como fecha general de entrada en vigor el 30 de noviembre de 2026, mientras que varias de las obligaciones tendrán fechas específicas durante 2027 y 2028. Por ejemplo, los mecanismos automatizados deberán estar disponibles a más tardar el 1 de junio de 2027 y el primer periodo anual de auditoría comenzará en enero de 2028