En Tamaulipas ya no se permite el matrimonio infantil, una práctica que según los integrantes de la actual legislatura del Congreso del Estado es una violación inadmisible a los derechos de niños y adolescentes.

Ahora la edad límite para contraer matrimonio es a los 18 años. Las desigualdades de género, la pobreza, el abandono escolar, la violencia y embarazo adolescente están íntimamente ligadas al matrimonio infantil y las uniones tempranas, las cuales prevalecen en Latinoamérica y el Caribe.

Precisamente el Pleno Legislativo aprobó por unanimidad el dictamen mediante el cual se reforman los artículos 3, inciso a), y 9, párrafo 2, de la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado, con el firme compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, indico que con esto se busca fortalecer el marco jurídico local en materia de derechos humanos y equidad.

“Con esta reforma dejamos inscrito en nuestra norma el compromiso irrenunciable de que toda persona debe alcanzar la mayoría de edad antes de asumir cualquier vínculo matrimonial, cerrando así cualquier resquicio que pudiera permitir uniones precoces o forzadas”, resaltó el Legislador.

Ojeda Castillo destacó que la reforma tiene como finalidad armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales e internacionales, que prohíben el matrimonio infantil, además de adoptar un lenguaje más inclusivo y neutro al sustituir los términos “hombre” y “mujer” por “personas contrayentes”.

Enfatizó que esta reforma responde al deber legislativo de garantizar un entorno jurídico que salvaguarde los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia y al mismo tiempo, atiende compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Señaló que mantener los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, no solo se justifica por razones jurídicas y normativas, sino también científicas, al considerar estudios que indican que el cerebro humano, y particularmente el lóbulo prefrontal relacionado con la toma de decisiones, no alcanza su madurez completa sino hasta los 25 años.