Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La decisión sobre una posible interrupción del embarazo de una menor víctima de violencia sexual todavía no está tomada y dependerá de las condiciones médicas de la niña, su bienestar y el marco legal aplicable, informó la directora del DIF Tamaulipas, Patricia Ayala.

La funcionaria señaló que actualmente la menor permanece bajo valoración médica y que las autoridades se encuentran a la espera de los estudios necesarios para determinar el procedimiento que resulte más adecuado.

“En este momento no se ha tomado ninguna decisión, están revisando el caso”, explicó.

Ayala dejó claro que el DIF no será quien determine por sí solo si se interrumpe o no el embarazo, pues se trata de una decisión que involucra principalmente al sector salud, la situación particular de la menor y el marco jurídico, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación por los hechos de violencia sexual.

La salud y la seguridad de la niña son la prioridad, sostuvo.

Explicó que las instituciones trabajan de manera coordinada para garantizar el interés superior de la menor y evitar que la atención médica se separe del proceso legal que se sigue por el caso.

“Nosotros colaboramos para velar por los derechos de la niña, por el interés superior de la niña”, señaló.

Mientras se define la situación médica, el Sistema DIF Tamaulipas mantiene acompañamiento a través del DIF Matamoros, cuya Procuraduría permanece pendiente del caso y de las posibles medidas de protección que requiera la menor.

Ayala reconoció que se trata de una situación “alarmante”, al considerar que el origen del embarazo está relacionado con un delito y que la menor atraviesa una circunstancia que requiere atención especializada.

Precisó que será el personal médico el encargado de determinar, mediante las valoraciones correspondientes, las condiciones de salud de la niña y los pasos a seguir.

La directora del DIF subrayó que además de la intervención de la Fiscalía, participan distintas instituciones para atender el caso y proteger los derechos de la menor, entre ellas autoridades de salud y los sistemas DIF estatal y municipal.

El objetivo, insistió, es que cualquier decisión se tome conforme al interés superior de la niña, su seguridad y su estado de salud, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos.