El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó reformas que adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) y del Código Penal estatal.

Con esta decisión, la legislatura obliga a la Fiscalía a emitir protocolos de actuación ministerial en delitos de alto impacto como el feminicidio y el homicidio, estableciendo lineamientos claros sobre investigación, cadena de custodia y atención a víctimas.

El decreto también introduce sanciones severas contra autoridades que retarden o nieguen la entrega de cuerpos a las víctimas indirectas de feminicidio, un tema que ha generado gran controversia y que ahora tendrá consecuencias legales inmediatas.

La reforma busca frenar la impunidad y garantizar justicia en casos de violencia extrema, colocando a Tamaulipas en el centro del debate nacional sobre derechos de las víctimas y responsabilidades de las instituciones.

El Congreso del Estado ha dejado claro que estas medidas son de cumplimiento obligatorio, marcando un antes y un después en la forma en que se investigan y procesan los delitos más graves en la entidad.

La modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía y al Código Penal no es menor: representa un rediseño estratégico para enfrentar con mayor contundencia a la delincuencia, modernizar los procesos de investigación y endurecer las sanciones contra quienes infringen la ley.