Victoria, Tamaulipas.- Ejidatarios de Compuertas, Pedro J. Méndez y Zapata del municipio de Llera, han lanzado un ultimátum a la empresa encargada del parque eólico “Tres Mesas”, exigiendo el cumplimiento de un contrato que lleva más de 11 meses en disputa.

La deuda asciende a 15 millones de dólares, de los cuales los ejidatarios reclaman el 3% correspondiente como contraprestación, explicó el representante de la comisión de inconformes, Guillermo Flores Medina.

Dijo que el conflicto se centra en el incumplimiento del contrato firmado en 2007 y 2008, cuando comenzó el arrendamiento de cerca de 6 mil hectáreas para la instalación de aerogeneradores.

La generación de energía arrancó en 2020, pero desde entonces, los ejidatarios denuncian falta de transparencia en los pagos y retención de información clave para cotejar ingresos.

“El contrato establece que debemos recibir el 3% del ingreso bruto, pero la empresa primero deduce gastos y luego nos paga, lo que ha generado pérdidas en los últimos dos años”, señalo.

Comento que, tras una audiencia en Palacio de gobierno con el gobernador, Américo Villarreal Anaya, dio su compromiso para proporcionar asesoría legal y, de ser necesario, involucrar a los abogados del Estado para presionar a la empresa.

Destaco que, de no haber un acuerdo en la mesa de diálogo del 21 de enero, el Gobernador directamente llevará el tema hasta la mañanera, la conferencia de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Actualmente, el parque eólico “Tres Mesas” cuenta con 85 aerogeneradores, de los cuales 49 están en terrenos ejidales.

Flores Medina, dijo que la empresa detrás del proyecto, cuya representación local recae en Erika Santiago, ha sido señalada por operar con falta de claridad.

“Nos dicen que vienen de España, luego que de Estados Unidos, pero ahora resulta que tienen su paraíso fiscal en Panamá”, acusó.

A pesar de los pagos parciales, los ejidatarios sostienen que el monto recibido no corresponde a las cláusulas del contrato.

“No se trata de dinero, se trata de justicia y transparencia. Queremos verificar que lo que nos pagan es lo que realmente corresponde”, explicaron.

El gobernador ha reiterado su respaldo a las 330 familias afectadas, destacando que se agotarán todas las vías legales para garantizar el cumplimiento del contrato.