La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de una reforma aprobada en Tamaulipas que permite ejecutar órdenes judiciales dentro del Congreso local, siempre que se cuente con la autorización de la mesa directiva o de la diputación permanente.

El máximo tribunal del país resolvió así una acción de inconstitucionalidad interpuesta por legisladores del PAN, quienes sostenían que dicha modificación vulneraba la protección del fuero y la inviolabilidad del recinto legislativo.

Sin embargo, la mayoría del Pleno concluyó que la medida no contraviene dichos principios y que el fuero no equivale a impunidad.

En la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, ponente del proyecto, subrayó que el fuero legislativo garantiza la libertad de expresión y el desempeño de la función parlamentaria, pero no impide que las autoridades judiciales actúen si existen órdenes válidas.

Es decir, el Congreso no puede ser utilizado como escondite frente a la ley.

El fallo establece que, en caso de existir una orden judicial, ésta puede cumplirse dentro del recinto, siempre y cuando haya consentimiento de las instancias internas del Poder Legislativo.

La Corte precisó que esto no representa una intromisión en la soberanía del Congreso, sino un equilibrio entre el respeto a sus normas internas y el acceso a la justicia.

Aunque tres ministros votaron en contra al considerar que podría prestarse a detenciones de tipo político, especialmente contra legisladores electos aún no investidos con fuero, la mayoría respaldó que la norma es compatible con la Constitución.

La resolución elimina esa interpretación ambigua y aclara que los recintos legislativos no están exentos del cumplimiento de la ley.

A partir de este fallo, será posible ejecutar medidas como aprehensiones o aseguramientos dentro del Congreso, sin que ello se interprete como una transgresión a su autonomía, siempre que se sigan los procedimientos establecidos.