La inconformidad social contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va en aumento. Despachos jurídicos especializados en derecho administrativo han comenzado a defender a usuarios que denuncian cobros elevados, multas desproporcionadas y presuntos abusos administrativos, contra la dependencia federal.
Encabezando estas acciones se encuentra el abogado Juan Carlos Chío Urbina, quien aseguró que cada vez son más los ciudadanos que buscan asesoría legal tras recibir notificaciones intimidatorias, ajustes repentinos en sus recibos y sanciones que consideran injustificadas.
De acuerdo con el litigante, muchos de estos casos presentan irregularidades en las inspecciones, falta de pruebas técnicas y procedimientos poco claros, lo que abre la puerta a la defensa legal para frenar los cobros y revertir sanciones.
“Los usuarios no están indefensos. Existen mecanismos legales para detener excesos y obligar a la CFE a respetar el debido proceso”, advirtió Chío Urbina, al señalar que ya se preparan recursos legales y amparos para proteger a familias y pequeños negocios afectados. El abogado puso al servicio de la ciudadanía la defensa legal con el número de teléfono 8341667499.
Insistió que hay muchos casos donde a la gente de tocaron su puerta, le dijeron que tenía “Diablito” y la multa era de 80 mil pesos, por eso hay recordar que el artículo 245 del reglamento de la ley del sector energético y eléctrico señala el procedimiento para hacer las verificaciones, el verificador tiene que identificarse notificar la verificación y tienes, derecho a que dos testigos estén presentes durante la misma.
“No pueden, llegar nada más y cortarte la luz o llevarse tu medidor por eso existe un, procedimiento”. El tema ha generado preocupación y debate, pues los abogados alertan que el miedo a cortes del servicio o multas millonarias ha llevado a muchos ciudadanos a pagar sin cuestionar, aun cuando existen fundamentos para impugnar.
Mientras tanto, los despachos jurídicos llaman a los usuarios a informarse, no firmar documentos sin asesoría y documentar cualquier anomalía, en lo que ya se perfila como un frente legal que podría exhibir prácticas cuestionadas dentro de la CFE.