Victoria, Tamaulipas.— El diputado local Claudio de Leija promovió una reforma al Código Municipal de Tamaulipas para eliminar una disposición que impedía el ejercicio de derechos político-electorales de personas que únicamente estuvieran sujetas a un proceso penal, al considerar que esa restricción contravenía el principio constitucional de presunción de inocencia.

La iniciativa plantea modificar los artículos 26 y 38 del Código Municipal del Estado para adecuar los requisitos de elegibilidad de quienes aspiren a integrar un ayuntamiento, así como las causas de suspensión o revocación del cargo, conforme a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que la legislación vigente contenía un “candado” que permitía afectar los derechos político-electorales de una persona desde el momento en que era vinculada a proceso, aun cuando no existiera una sentencia definitiva en su contra.

Sostuvo que la reforma busca armonizar la legislación local con el artículo 35 de la Constitución federal, así como con los principios de presunción de inocencia previstos en el artículo 20 constitucional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad.

De Leija argumentó que la Suprema Corte ha establecido, mediante diversos criterios jurisprudenciales, que imponer consecuencias jurídicas desfavorables únicamente por la existencia de un proceso penal constituye una sanción anticipada y vulnera derechos fundamentales.

Recordó que, al resolver acciones de inconstitucionalidad como la 140/2020 y la 76/2024, el máximo tribunal del país determinó que las restricciones para ocupar cargos públicos o suspender derechos no pueden aplicarse por el solo hecho de existir una vinculación a proceso, sino únicamente cuando exista una sentencia condenatoria firme.

Con esta modificación, las personas sujetas a una investigación o proceso penal podrán mantener sus derechos para contender por cargos de elección popular y ejercer funciones públicas, salvo que exista una resolución definitiva que imponga la suspensión de esos derechos conforme a la Constitución y la legislación aplicable.

El legislador afirmó que el objetivo es garantizar que la legislación tamaulipeca respete los estándares constitucionales y evite que se impongan sanciones anticipadas a ciudadanos cuya responsabilidad penal aún no ha sido acreditada por una autoridad judicial.