La planta fotovoltaica instalada en el Parque Bicentenario se encuentra bajo análisis por parte del gobierno estatal, luego de detectarse diversas anomalías relacionadas con su funcionamiento y el esquema mediante el cual fue desarrollada, informó el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario señaló que el proyecto fue concebido durante la etapa de la reforma energética y, según explicó, terminó favoreciendo a una empresa privada más que al sector público, pese a que implicó recursos gubernamentales.

Indicó que, en la práctica, la infraestructura no ha representado beneficios reales ni para la población ni para la administración estatal.

De acuerdo con Ángel Jiménez, actualmente la planta no opera a plena capacidad debido a la falta de mantenimiento.

Detalló que varios paneles solares presentan fallas, además de que el sistema carece de equipos adecuados como inversores y controladores, lo que limita la generación de electricidad, aunque todavía aporta una pequeña cantidad de energía.

También mencionó que el gobierno en su momento realizó pagos para la construcción del parque, pero el proyecto quedó en manos de una empresa registrada en la Ciudad de México y no en Tamaulipas.

A esto se suma que la propia Secretaría de Desarrollo Energético no cuenta con los expedientes completos del proyecto, situación que calificó como irregular.

El titular de la dependencia no descartó que exfuncionarios pudieran haber tenido algún tipo de relación con la empresa responsable de la obra o con la planeación del proyecto, aunque aclaró que será necesario revisar en qué instancia se tomó la decisión y cómo se estructuró originalmente.

Sobre la situación jurídica de la planta, explicó que incluso ese aspecto es confuso, ya que no existen documentos claros que determinen su concesión o administración.

Ante ello, el gobierno estatal inició conversaciones con la compañía involucrada para obtener información que permita aclarar el estatus del parque.

En ese sentido, adelantó que sostendrá una reunión con representantes de la empresa en la Ciudad de México con el objetivo de explorar la posibilidad de que el Estado asuma el control operativo de la instalación, algo que, consideró, también podría resultar conveniente para la propia compañía debido a la falta de atención al proyecto.

Indicó que será necesario revisar el monto total de la inversión realizada, al considerar que, por las características de la obra, la planta debería pertenecer al gobierno estatal y estar en funcionamiento pleno para beneficio público.