La ex secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, Mayra Rocío Ojeda Chávez, denunció la existencia de una “justicia selectiva e impunidad” en materia electoral, al señalar que su caso de violencia política de género continúa sin resolverse pese a una sentencia firme emitida desde 2023.
Ojeda reconoció la reciente resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) que sancionó al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, por expresiones sexistas en contra de la diputada morenista Katalyna Méndez. Sin embargo, contrastó la rapidez de ese fallo con la falta de cumplimiento de la resolución que la ampara.
Recordó que en diciembre de 2022 fue impedida de asumir la presidencia estatal del PRI por prelación, hecho que atribuye directamente al dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien presuntamente la excluyó bajo el argumento implícito de su embarazo.
“El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TEET) ya reconoció que se trató de violencia política en razón de género y ordenó sanciones, incluida la inscripción de los responsables en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. No obstante, la sentencia sigue sin ejecutarse”, subrayó.
La ex dirigente priista lamentó que los órganos electorales actúen con doble brasero, “resolviendo con prontitud los casos mediáticos, pero dejando en el olvido aquellos que implican figuras de poder nacional”.
“En Tamaulipas, la justicia se doblega ante los sesgos de poder. La paridad no es negociable; es un mandato constitucional”, sostuvo.
Finalmente, Ojeda Chávez exhortó a las autoridades electorales a garantizar una justicia equitativa y sin distinción de rangos o partidos, advirtiendo que continuará su lucha “hasta que se aplique la ley y se sancione con rigor toda forma de violencia política de género”.