Empresarios y patrones de Victoria han manifestado su inconformidad ante lo que consideran abusos, excesos y falta de certeza jurídica por parte de actuarios y de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 3, situación que, afirman, afecta directamente sus derechos y el debido proceso en diversos procedimientos laborales.
De acuerdo con los señalamientos, la principal irregularidad radica en que los actuarios no estarían dejando las constancias de notificación correspondientes en los domicilios de las empresas ni en los despachos legales que las representan, como lo establece la ley.
Esta omisión genera, según los afectados, un ambiente de desconfianza y vulnera la seguridad jurídica de los negocios victorenses, al no tener conocimiento oportuno de las actuaciones dentro de los expedientes laborales.
La Junta de Conciliación y Arbitraje número 3, presidida por el licenciado Isidro García Valdez, ha sido señalada por no verificar que los actuarios cumplan de manera adecuada con sus funciones, lo que deriva en un quebranto al debido proceso.
Isidro García Valdez , presidente de la Junta Especial No. 3
Empresarios sostienen que esta falta de supervisión impacta directamente en la garantía de audiencia de la parte patronal, un derecho fundamental dentro de cualquier procedimiento legal.
Algunos patrones han denunciado haber sido objeto de diligencias sorpresivas que, aseguran, se llevaron a cabo sin notificación previa y que derivaron en actos de ejecución que califican como ilegales.
Estas acciones, afirman, los colocan en estado de indefensión y generan perjuicios económicos y legales, al no contar con la oportunidad de comparecer o de ejercer una defensa adecuada.
Ante esta situación, empresarios afectados han expresado su malestar ante la Secretaría del Trabajo, argumentando que existe falta de orden y “aseo jurídico” en los expedientes que aún son competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales, aunque se encuentran en proceso de extinción, siguen conociendo de un importante rezago de juicios laborales.
Los patrones hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se revisen las actuaciones, se garantice el cumplimiento de la ley y se restablezca la certeza jurídica en los procesos laborales que aún se ventilan en estas instancias.