A tres semanas del feminicidio de Dafne Zapata Quintos y en medio de la orden federal para eliminar las escuelas militarizadas del país, en Tamaulipas permanece intacto y olvidado el decreto que creó oficialmente el Sistema de Bachilleratos Militarizados del Estado (SIBAMITAM).

Se trata del decreto publicado el 14 de agosto de 2018, durante la administración del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, mediante el cual se constituyó un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), con personalidad jurídica y patrimonio propios para operar el modelo de bachilleratos militarizados.

La permanencia de ese ordenamiento contrasta con la decisión anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que instruyó a todas las entidades del país a eliminar los modelos de educación civil con orientación militarizada antes del inicio del próximo ciclo escolar, como consecuencia de la revisión nacional emprendida tras el caso de la Academia Militarizada Doenitz.

Hasta ahora, el Gobierno de Tamaulipas ha confirmado que los cinco planteles que operaban bajo ese esquema dejarán el modelo militar para migrar a la educación regular; sin embargo, no ha informado si promoverá la derogación o modificación del decreto que legalmente dio origen al Sistema de Bachilleratos Militarizados.

El decreto de 2018 no sólo creó el organismo, sino que estableció como política pública estatal la formación de bachilleratos con disciplina militar, un modelo que hoy la Federación considera incompatible con la Nueva Escuela Mexicana.

El caso cobra mayor relevancia porque la desaparición del modelo educativo militarizado se convirtió en una de las principales consecuencias institucionales derivadas del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero.

Así, mientras las escuelas militarizadas comienzan a desaparecer de las aulas, el decreto que les dio vida hace ocho años permanece sin cambios en la legislación estatal.