Victoria, Tamaulipas.– Cerca de siete mil servidores públicos que no cumplieron con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al ejercicio 2026 tendrán una nueva oportunidad para solventar esta obligación antes de enfrentar posibles sanciones administrativas.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que durante los próximos 30 días la Dirección de Responsabilidades revisará caso por caso la situación de las personas identificadas como presuntamente omisas al cierre del 31 de mayo.

Explicó que, una vez concluida la verificación de adscripciones en dependencias y organismos estatales, se notificará a los órganos internos de control y comisarios para que emitan los requerimientos formales a los trabajadores señalados.

A partir de ese momento, los involucrados contarán con un plazo de un mes para presentar pruebas de cumplimiento o aclarar su situación.

La funcionaria señaló que no todos los casos corresponden necesariamente a un incumplimiento deliberado.

Entre las causas detectadas se encuentran errores durante el envío de la información, falta de registro del acuse correspondiente, problemas de salud o circunstancias extraordinarias que pudieron impedir la presentación de la declaración dentro del plazo establecido.

Detalló que, en aquellos casos donde no se logre acreditar el cumplimiento de la obligación, los órganos de control darán parte a la Dirección de Investigación y Anticorrupción para iniciar el procedimiento previsto en la ley, el cual contempla las etapas de investigación, sustanciación y resolución.

Pedraza Melo recordó que la omisión de la declaración patrimonial está catalogada como una falta administrativa no grave.

Sin embargo, las consecuencias pueden ir desde una amonestación privada o pública hasta la suspensión, destitución del cargo o incluso la inhabilitación temporal para desempeñar funciones públicas por un periodo de tres meses a un año.

Como antecedente, reveló que durante 2025 la dependencia ha aplicado alrededor de 60 sanciones a personas servidoras públicas que incumplieron con esta obligación legal.

La secretaria destacó que la dependencia mantiene una política permanente de requerimiento y seguimiento para quienes no presentan su declaración, ya que la regularización voluntaria suele ser considerada por las autoridades competentes al momento de valorar los expedientes y determinar responsabilidades administrativas.