Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los créditos educativos otorgados por el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) podrían adquirir carácter de crédito fiscal, de aprobarse la iniciativa impulsada por el Gobierno de Tamaulipas ante el Congreso del Estado.
La propuesta de reforma busca ampliar los mecanismos legales para recuperar recursos y hacer efectivo el cobro de determinadas obligaciones relacionadas con el sector educativo, mediante procedimientos administrativos de ejecución a cargo de la Secretaría de Finanzas.
Durante el análisis del proyecto, el diputado de Morena, Claudio Hinojosa de Leija, explicó que la reforma pretende establecer un procedimiento específico para ejecutar las multas impuestas por la Secretaría de Educación de Tamaulipas por incumplimientos a la legislación vigente.
La iniciativa contempla modificar el artículo 139 de la Ley de Educación del Estado para que las sanciones económicas determinadas por la Secretaría de Educación sean cobradas por la Secretaría de Finanzas, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Fiscal del Estado.
De manera paralela, se plantea incorporar el artículo 71 Bis a la Ley de Hacienda de Tamaulipas, con el propósito de otorgar a dichas multas el carácter de créditos fiscales y establecer las reglas para su determinación, exigibilidad y cobro.
El legislador sostuvo que con la modificación se busca evitar vacíos jurídicos y dar certeza al procedimiento mediante el cual las autoridades podrán hacer efectivas las sanciones.
“La finalidad principal es dotar de certeza jurídica al procedimiento mediante el cual se hacen efectivas las sanciones”, señaló Hinojosa de Leija.
De acuerdo con la propuesta, los recursos obtenidos mediante el cobro de las multas permitirían fortalecer las labores de supervisión y vigilancia de las instituciones educativas particulares.
La reforma se encuentra en proceso de análisis legislativo y deberá ser aprobada por el Congreso del Estado para entrar en vigor.
El planteamiento abre un nuevo esquema para el cobro de sanciones en materia educativa, al vincular directamente su ejecución con la autoridad fiscal estatal.