La molestia ciudadana contra el operativo “Grúa” va en aumento en la capital tamaulipeca, donde el retiro de automóviles estacionados en franja amarilla o lugares prohibidos ha desatado inconformidad por los elevados costos que deben pagar los propietarios para recuperar sus unidades.

Los cobros por arrastre y traslado al corralón oscilan, según las quejas referidas, entre los 2 mil 500 pesos a los 4 mil pesos, cantidad a la que todavía debe sumarse la multa correspondiente a la infracción. Para muchos automovilistas, el procedimiento representa un fuerte golpe al bolsillo y ha convertido estos operativos en motivo de irritación social.

La Dirección de Tránsito, encabezada por Livio Flores Rodríguez, ha intensificado las acciones para retirar vehículos de sitios prohibidos. Sin embargo, mientras la autoridad busca liberar vialidades y hacer cumplir el reglamento, empleados de la Torre Bicentenario y la propia de Palacio de Gobierno víctimas de este operativo, cuestionan el costo de los servicios de grúa y la manera en que se realizan algunos procedimientos.

La inconformidad también alcanzó al Observatorio Ciudadano por la Defensa de los Derechos Humanos en Tamaulipas. Su presidente, Alejandro Reyes Zúñiga, expresó su preocupación por la actuación de trabajadores de empresas de grúas, luego de un incidente que circuló en video y que, a su juicio, debe revisarse para garantizar el respeto a la dignidad de las personas.

“No puedes vulnerar los derechos de la demás gente. Tienes que saber respetar para que te puedan respetar”, manifestó.

Reyes Zúñiga consideró necesario capacitar a los trabajadores de estas empresas en materia de derechos humanos y trato digno, pues señaló que la prestación de un servicio vinculado con la autoridad no los exime de conducirse con respeto hacia los ciudadanos.

El debate, sin embargo, va más allá de las infracciones: la principal inconformidad ciudadana se centra en el costo que implica recuperar un vehículo llevado al corralón y en la necesidad de que los procedimientos sean transparentes y respetuosos.

Ante el creciente malestar, los cobros por arrastre y las multas se colocan en el centro de la discusión pública, mientras automovilistas esperan que las autoridades revisen las tarifas, informen con claridad sobre los conceptos que se cobran y garanticen que cada operativo se realice conforme a la normativa.