El golpe de la justicia sigue acercándose peligrosamente al exgobernador fugitivo Francisco García Cabeza de Vaca. Así lo dejó en claro el diputado Eliphaleth Gómez Lozano, al revelar que las cuentas públicas rechazadas serán estudiadas a fondo y en paquete, sin distinción de colores ni partidos mismas que ya fueron rechazadas y devueltas a la ASE.
“Es parejo. No se trata de un linchamiento político, sino de justicia. Lo que se revisa es lo que se palomeó superficialmente en el pasado, y ahora se está sacando a la luz. La Auditoría Superior del Estado tiene 120 días hábiles para actuar en consecuencia”, advirtió el legislador.
La lupa está puesta principalmente sobre la administración panista de Cabeza de Vaca, aunque el diputado reconoció que también hay señalamientos contra exfuncionarios de Morena, como el caso del exalcalde de Matamoros Mario “La Borrega” López el tema de la Junta de Aguas y Drenaje de ese municipio.
“Vamos contra quien sea necesario, aquí no hay blindajes ni privilegios. Si hubo omisiones o mal uso de recursos, tendrán que responder”, sentenció Gómez Lozano, al ser cuestionado sobre las observaciones millonarias que siguen pendientes de dictaminar.
La descripción de los dictámenes también señala que una vez que se realizó el cotejo de los ingresos y egresos de las arcas de las diferentes dependencias, resultaron saldos negativos en millones de pesos.
Entre las entidades con mayores observaciones destacan el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), con 85.6 millones de pesos; el Colegio de Bachilleres (COBAT), con 61.9 millones; la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, con 19.3 millones.
Así como la Entidad Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas, con 19.2 millones.
También aparecen cuentas del DIF Matamoros, el Municipio de Tula, el ITACE, el ITAVU, universidades tecnológicas y diversos organismos operadores de agua, con millones de pesos sin solventar.
Aunque aceptó que aún no hay un número exacto de cuentas en proceso, el legislador destacó que el trabajo exhaustivo de fiscalización ha revelado graves irregularidades: documentos firmados al vapor, cuentas aprobadas sin revisión real y un manejo financiero cuestionable durante el sexenio de Cabeza de Vaca.
El diputado no descartó que, de comprobarse responsabilidades, se abra la puerta a consecuencias mayores en instancias federales: “Si hay funcionarios con fuero, el caso tendrá que resolverse en el Congreso de la Unión, pero eso ya es otro terreno. Lo importante es que el proceso no se detiene”.