El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó con 26 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones un punto de acuerdo que rechaza cualquier estrategia del exgobernador Cabeza de Vaca para evadir la justicia, en medio de sus múltiples procesos judiciales por delitos graves.

Esta acción legislativa se interpreta como una respuesta al intento de vincular su estatus de nacionalidad —especialmente tras su renuncia a la ciudadanía estadounidense— a un intento de evadir procesos judiciales urgentes en México.

La Legislatura solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que entregue copias certificadas del expediente de registro de candidaturas de García Cabeza de Vaca, con especial énfasis en las manifestaciones sobre su renuncia a otros países y las declaraciones bajo protesta de decir verdad.

También se pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe sobre su estado de nacionalidad mexicana y remita el certificado correspondiente, así como las constancias de denuncias presentadas conforme a la Ley de Nacionalidad.

El acuerdo instruye además a la Mesa Directiva para notificar y enviar estos documentos de inmediato a las autoridades competentes.

Cabeza de Vaca, enfrenta al menos dos órdenes de aprehensión en México por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, vigentes desde 2022 y 2024 respectivamente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente negó un amparo que había protegido al exmandatario, lo que reactivó una de las órdenes de captura y refuerza la presión para que enfrente la justicia en México.

Mientras tanto, su extradición desde Estados Unidos, donde reside en Texas, sigue congelada o en “estudio” por parte de las autoridades norteamericanas, a pesar de las solicitudes formales de México.

La iniciativa aprobada por el Congreso de Tamaulipas se presenta en un contexto de descontento ciudadano y político, con demandas crecientes para que García Cabeza de Vaca responda ante la justicia por los presuntos actos de corrupción y delitos graves de los que se le acusa.

El punto de acuerdo refuerza la postura de que la justicia no puede ser eludida mediante maniobras legales o políticas, y reafirma la exigencia de transparencia y cumplimiento pleno del Estado de derecho en México.