Con el sello político del PRI como bandera, el Congreso local dio luz verde —por unanimidad— a la ya bautizada “Ley PRI”, una reforma que endurece las sanciones contra quienes abandonen a personas en situación de vulnerabilidad.
Aunque la iniciativa fue presentada en tribuna por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, respaldada por legisladoras de MORENA, el discurso político que acompañó su aprobación dejó claro que retoma la línea social impulsada históricamente por el Partido Revolucionario Institucional, enfocada en la protección de los sectores más desprotegidos.
La reforma al Código Penal estatal no es menor: amplía de forma contundente el catálogo de víctimas protegidas, incluyendo a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y cualquiera que no pueda valerse por sí mismo. Además, redefine el delito de abandono con mayor precisión legal, cerrando puertas a vacíos que antes permitían evadir la justicia.
Desde tribuna, Guillén Vicente defendió la iniciativa con firmeza: advirtió que esta reforma fortalece el marco jurídico y garantiza mayor certeza en la aplicación de la ley, al tiempo que protege el derecho humano al cuidado.
Pero el mensaje es aún más duro en la práctica: quien abandone a una persona vulnerable podría enfrentar hasta 7 años de prisión, además de sanciones económicas, dependiendo de la gravedad del caso.
En el trasfondo, resurge el modelo social que en su momento impulsó el PRI con programas como Solidaridad y Progresa, donde el Estado asumía un papel activo en el bienestar de la población más necesitada.
Con esta aprobación, el Congreso no solo endurece la ley: lanza una advertencia clara y directa —en Tamaulipas, abandonar a los más débiles ya no será tolerado.